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Europa pone el cerco a las emisiones industriales más contaminantes

13/07/2010
La Eurocámara ha aprobado, con una mayoría de 639 votos a favor, 35 en contra y 10 abstenciones, una directiva de control y limitación de las emisiones contaminantes por parte del sector industrial del continente. La norma establece diversos plazos para su cumplimiento, y afectará a una 52.000 instalaciones industriales y agrícolas. El objetivo que persigue la Unión Europea es reducir el número de partículas, óxidos de nitrógeno y dióxido de azufre en el aire.

De esta forma, la normativa pretende garantizar la salud de personas y del medio ambiente, además de ofrecer un marco legal unificado a las corporaciones afectadas por dicha ley.

De hecho, el texto actualiza y reúne un total de siete directivas que hasta ahora han funcionado por separado, incluida la de prevención y control integrados de la contaminación (IPPC) y la relativa a las grandes instalaciones de combustión.

En cuestión de plazos, los límites más estrictos referentes a la emisión de partículas, óxidos de nitrógeno y dióxido de azufre están marcados para 2016, si bien los Estados podrán aplicar medidas transitorias para ampliar el plazo a las instalaciones de combustión hasta 2020.

Aunque estas fechas serán las más comunes para aplicar la normativa, el propio texto prevé variaciones en función de la antigüedad de la instalación. De este modo, las plantas más nuevas deben cumplir antes de 2012, y para las más antiguas se les ha aplicado una limitación de horas de trabajo a partir de 2016 (17.500 horas anuales) y el cierre total antes de 2023.

A partir de ahora también se exigirán criterios de excelencia medioambiental, basados en la instalación de las mejores técnicas posibles para mejorar la eficiencia y reducir emisiones al aire, agua y suelo, teniendo también en cuenta la contaminación acústica o la seguridad laboral. Los Estados determinarán la exigencia de los requisitos.

Los Estados miembro de la Unión tendrán libertad para suavizar estas exigencias medioambientales siempre que se argumente un criterio de inviabilidad económica comparada con el posible beneficio ambiental, ya sea por razones técnicas o por la situación geográfica de la planta. Aún y así, deberán cumplir los criterios ambientales máximos dentro de los límites posibles para dichas empresas.


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