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Ley de Calidad de los Servicios Públicos

Compromiso con la mejora continua y la calidad de la Administración pública aragonesa

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05/03/2013

El Gobierno de Aragón ha presentado esta semana el proyecto de Ley de Calidad de los Servicios Públicos, una apuesta por la mejora continua de la Administración que busca actualizar el funcionamiento de la Administración, a través de la evaluación de los servicios y la participación de los empleados públicos.

El consejero de Hacienda y Administración Pública del Gobierno de Aragón, José Luis Saz, ha sido el encargado de exponer los detalles de este proyecto de ley, que busca la modernización de la Administración y que "es una novedad en Aragón”, ha afirmado.

"Hoy en día, en las Administraciones no es posible continuar gestionando sin introducir controles de calidad", ha señalado el consejero, quien ha aclarado que la evaluación de los servicios públicos para su mejora no es una auditoría ni una inspección, sino que se trata de observar "si los servicios que se están prestando son los exigidos o exigibles por los ciudadanos" y "si se están cumpliendo los estándares".

Este proyecto de ley también dará voz a la opinión de los empleados públicos. Se crearán grupos de trabajo para analizar las ineficiencias que se observen como consecuencia de las evaluaciones públicas de la calidad de los servicios públicos, para presentar después las propuestas de mejora y los informes anuales sobre la evolución en los servicios.

La Administración valorará también la percepción que tiene la ciudadanía sobre la calidad de los servicios. Los ciudadanos podrán presentar sugerencias y quejas, ha comentado Saz, al tiempo que ha resaltado que "el elemento central es el ciudadano" y los métodos de evaluación de la calidad de los servicios se llevarán a la práctica pensando en el ciudadano.

El Gobierno aprobará varias cartas de servicios que los aragoneses podrán exigir, ya que "todas las Administraciones tienen que decir a qué se comprometen con los ciudadanos", ha proseguido Saz. Ha aclarado que las cartas de servicios no son normas jurídicas, pero sí servirán para dejar por escrito el compromiso del Gobierno.



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