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La Junta de Castilla y León y el Gobierno Central firman un convenio para mejorar la calidad de los servicios públicos

17/11/2010

La consejera de Administración Autonómica, Isabel Alonso y la presidenta de la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios (AEVAL), María Luisa Carcedo han suscrito un convenio de colaboración  para la mejora de la calidad de los servicios públicos.

De este modo, la Consejería de Administración Autonómica y la AEVAL, organismo adscrito al Ministerio de Política Territorial y Administración Pública trabajarán de forma conjunta en la asistencia metodológica, las actividades de divulgación y el intercambio de experiencias en el ámbito de la gestión de la calidad y de la evaluación de políticas públicas. Esta línea de colaboración se enmarca en el desarrollo de la Carta de Compromisos con la Calidad de las Administraciones Públicas que promueve la excelencia y la innovación en la prestación de los servicios públicos.

La evaluación de las intervenciones públicas es uno de los instrumentos clave dentro del principio de 'buen Gobierno', para promover la transparencia, eficiencia, participación y rendición de cuentas que las diversas administraciones deben desarrollar, con mayor esfuerzo y cooperación en los contextos sociales y económicos actuales.

La Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Administración Autonómica, desarrolla diversas iniciativas para modernizar la administración y ofrecer unos servicios públicos más ágiles, accesibles y cercanos. A ello ha contribuido de manera decisiva el Plan de Modernización y la Ley de Derechos de los Ciudadanos en sus relaciones con la Administración y de Gestión Pública. Este Ley, entre otras materias, regula expresamente la evaluación de las políticas públicas y la calidad de los servicios -dedicando un Título a ello-, ámbitos en los que la Junta lleva a cabo importantes actuaciones como las Certificaciones ISO y EFQM, las Cartas de Servicios o los Premios a la Calidad y Modernización, acciones que han sido avaladas en múltiples ocasiones recibiendo diversos reconocimientos entre los que se sitúa el Sello de Calidad Europea.

Una cultura de modernización y mejora requiere un marco jurídico que recoja un sistema de evaluación ya que es necesario medir para mejorar y, por ello, la Ley de Derechos supone un gran avance al dar rango legal a la evaluación de las políticas públicas y a la de calidad de los servicios siendo un paso más en el desarrollo de una administración moderna. En esta Ley, pionera en España en desarrollar el derecho a una buena administración, es fundamental la evaluación, calidad y excelencia para potenciar la modernización administrativa, objetivo prioritario para el Gobierno autonómico. Del mismo modo es importante la apuesta por la innovación ¿a través de la administración electrónica- y la potenciación de medidas de simplificación, racionalización y reducción de cargas administrativas, elementos claves para consolidar esta modernización.

Desde finales de 2009, la Agencia ha prestado una atención especial al establecimiento de convenios con comunidades autónomas, para articular un sistema público de evaluación de políticas y programas, que evite duplicidades de acción y genere sinergias, diseñándose desde la cooperación de los distintos niveles de gobierno.

La creación de la Agencia de Evaluación y Calidad a finales de 2006 se inserta en un proceso de modernización e innovación de la administración pública española, en la línea de los organismos internacionales y las administraciones públicas de los países más avanzados, con el propósito del Gobierno de poner la administración al servicio de los ciudadanos.



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