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LEGISLACIÓN | Agroalimentación

La Ley de Defensa de la Calidad Alimentaria favorecerá la competitividad

La Ley de Defensa de la Calidad Alimentaria favorecerá la competitividad
13/04/2015

El Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes el Proyecto de Ley para la Defensa de la Calidad Alimentaria, que armoniza el régimen sancionador en todo el territorio español y actualiza los importes de las sanciones. Según aseguró la ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la política que está impulsando el Ministerio de Agricultura en materia de calidad alimentaria “se fundamenta en el apoyo al fomento, la garantía y la protección de la calidad de todos los productos alimentarios que se ponen a disposición de los consumidores”. Según la ministra, “esta es la base del éxito de nuestros productos en los mercados internacionales”.

García Tejerina explicó que esta normativa era necesaria para que fuera una "realidad la unidad de mercado, a través de un marco común para la defensa de la calidad alimentaria, que contribuirá a la mejora de la competitivad del sistema español". La norma, que pretende favorecer la competitividad de las empresas mediante la simplificación y homogeneización de los sistemas de control de la calidad, incorpora al ámbito de la calidad alimentaria los principios ordenadores de la Ley de Garantía de Unidad de Mercado, que implica que los operadores en las relaciones comerciales no tienen que cumplir más que una sola regulación.

Se ordena también el sistema de inspecciones y controles aplicado a los alimentos, en las etapas de la cadena de suministro comprendidas entre la salida de los productos de la explotación agraria o sacrificio de los animales, hasta su llegada a los almacenes de logística, previos a los locales de la distribución alimentaria para su puesta a disposición del consumidor final.Según ha señalado la ministra, se armoniza el régimen sancionador en todo el territorio, estableciéndose la tipificación y  clasificación de las infracciones, con cuantías revisadas y que son "disuasorias" para que "no sea rentable defraudar".

El proyecto de Ley homogeneíza y actualiza el régimen sancionador, al dictar normas básicas que establecen qué hechos se consideran infracciones leves, graves o muy graves, y se define una horquilla sobre la cuantía de las sanciones. Con esta homegeneización, el Gobierno pretende que se salven los obstáculos con los que se encuentran las empresas al recibir un tratamiento distinto según la región en la que desarrollen su actividad, y que los operadores situados en distintos eslabones de la cadena para que todos tengan un tratamiento igual en caso de detectarse irregularidades en su actuación.También se contempla una actualización de la cuantía de las sanciones, dando así cumplimiento al mandato de la Unión Europea que establece que las sanciones deben ser "eficaces, proporcionales y disuasorias".

García Tejerina ha detallado que para conseguir la eficacia en los controles y conseguir el mantenimiento de la unidad de mercado, el proyecto de Ley crea la Mesa de Coordinación de la Calidad Alimentaria y establece redes de intercambio de información para la comunicación rápida entre autoridades ante casos de fraude.




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